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La Secretaría Regional de Inclusión, Trabajo y Juventud ha publicado dos decretos que extienden los efectos de los acuerdos salariales y otras condiciones laborales de los sectores químico y contable a todos los empleadores y trabajadores de la Región.
El Gobierno Regional de Madeira, a través de la Secretaría Regional de Inclusión, Trabajo y Juventud, ha publicado dos decretos de extensión que amplían el ámbito de aplicación de los convenios colectivos de trabajo a empresas y trabajadores no afiliados a las asociaciones signatarias originales. El objetivo es uniformizar las condiciones mínimas de trabajo y acercar las condiciones de competencia entre empresas del mismo sector en la Región Autónoma de Madeira.
Los decretos publicados en el Diario Oficial de la Región Autónoma de Madeira (JORAM) del 3 de agosto de 2026 son:
Estas extensiones se aplican, en la Región Autónoma de Madeira, a las relaciones laborales entre empleadores no afiliados a las asociaciones patronales signatarias que realicen la actividad económica cubierta y sus trabajadores, así como a los trabajadores no sindicados al servicio de empleadores que sean miembros de esas asociaciones.
Los decretos entraron en vigor al día siguiente de su publicación (4 de agosto de 2026) y los efectos de las tablas salariales y cláusulas pecuniarias se retrotraen a las fechas previstas en los respectivos convenios colectivos, publicados originalmente en el JORAM, III Serie, n.º 14, del 17 de julio de 2026.
Las asociaciones patronales y sindicales del sector de la inspección automovilística han acordado una revisión del convenio colectivo de trabajo, que establece nuevos salarios mínimos y un subsidio de comida de 11,50 euros.
La empresa pública ARM - Águas e Resíduos da Madeira y el sindicato SITE/CSRA han celebrado la cuarta revisión del convenio de empresa, que incluye una actualización salarial retroactiva al 1 de enero de 2026 y un aumento progresivo del subsidio de comida hasta 2029.
La Asamblea Legislativa aprobó una resolución que presenta a la Asamblea de la República una propuesta de ley para garantizar que los trabajadores de la administración central en la Región reciban al menos el salario mínimo regional.