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La Asamblea Legislativa aprobó una resolución que presenta a la Asamblea de la República una propuesta de ley para garantizar que los trabajadores de la administración central en la Región reciban al menos el salario mínimo regional.
La Asamblea Legislativa de Madeira aprobó la Resolución n.º 26/2026/M, que presenta formalmente a la Asamblea de la República una propuesta de ley para corregir una asimetría salarial que afecta a los trabajadores del Estado central que ejercen funciones en la Región Autónoma.
Actualmente, el valor de la Retribución Mínima Mensual Garantizada (RMMG) fijado anualmente para el territorio continental (920 euros en 2026) no se aplica directamente a las Regiones Autónomas. Madeira fijó su propio valor para 2026 en 980 euros, y las Azores en 966 euros, reflejando los sobrecostes de vida asociados a la insularidad.
Sin embargo, este valor regional más elevado se aplica solo a los trabajadores de la administración regional, local y del sector privado. Los trabajadores de la administración pública central (como funcionarios de ministerios, institutos públicos, tribunales o de la Universidad de Madeira) que trabajan en Madeira siguen sujetos al salario mínimo continental, creando una situación considerada injusta.
La propuesta de ley, ahora enviada a Lisboa, tiene como objeto establecer que la retribución mínima de estos trabajadores del Estado no puede ser inferior al valor en vigor en la Región Autónoma donde desempeñan sus funciones. Esto significa que, si se aprueba, un funcionario público del Estado que trabaje en Funchal tendría derecho a recibir, como mínimo, los 980 euros definidos por la Asamblea Legislativa de Madeira, y no los 920 euros del continente.
La resolución argumenta que esta corrección es necesaria para garantizar la cohesión territorial y la justicia salarial, ya que estos trabajadores enfrentan los mismos costes de vivienda, transporte y alimentación que sus colegas de la administración regional. La propuesta prevé que los efectos remuneratorios entren en vigor el 1 de enero del año presupuestario siguiente a su aprobación.
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