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La Asamblea Legislativa de Madeira ha enviado al Parlamento portugués una propuesta para modificar la ley de titularidad de los recursos hídricos, reconociendo el papel de las Regiones Autónomas en la gestión del dominio público marítimo.
La Asamblea Legislativa de la Región Autónoma de Madeira ha aprobado y enviado al Parlamento portugués un proyecto de ley para modificar la Ley n.º 54/2005, de 15 de noviembre, que establece la titularidad de los recursos hídricos.
La iniciativa, formalizada a través de la Resolución de la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma de Madeira n.º 24/2026/M, de 27 de julio, se designa como la "quinta modificación" de dicha ley. El objetivo central es corregir lo que se considera un "desajuste" entre la norma constitucional y la ley vigente, reconociendo expresamente que la realidad archipelágica de Madeira y Azores exige la participación de las respectivas Regiones Autónomas en la definición de las políticas públicas y en el ejercicio de los poderes de administración, gestión y jurisdicción sobre el dominio público marítimo adyacente.
La propuesta argumenta que más del 80% de la Zona Económica Exclusiva nacional resulta de la existencia de las Regiones Autónomas, otorgando a Portugal una posición geoestratégica relevante en el Atlántico. La redacción actual de la ley, que afirma que el dominio público marítimo pertenece exclusivamente al Estado, se considera que desconoce el marco constitucional y el principio autonómico.
Las modificaciones propuestas modifican los artículos 4.º, 13.º y 14.º de la Ley n.º 54/2005. La redacción propuesta para el artículo 4.º establece que "el dominio público marítimo pertenece al Estado, sin perjuicio de los poderes de las Regiones Autónomas, relativos a la definición de las políticas públicas, gestión, administración, fiscalización, aprovechamiento y utilización de los bienes", salvaguardando la soberanía del Estado en materia de seguridad y defensa.
Esta modificación pretende crear las condiciones legales para que las Regiones Autónomas puedan desarrollar mecanismos legislativos propios para la gestión del mar territorial integrado en sus territorios, de conformidad con las especificidades regionales y las exigencias de protección ambiental y valorización económica sostenible.
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