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El Gobierno Regional ha aprobado el decreto que define la misión, atribuciones y estructura de la Dirección Regional de Medio Ambiente y Mar (DRAM), que pasa a integrarse en la Secretaría Regional de Turismo, Medio Ambiente y Cultura.
Publicado en el Diario de la República el Decreto Reglamentario Regional n.º 14/2026/M, de 19 de julio, que aprueba la estructura orgánica de la Dirección Regional de Medio Ambiente y Mar (DRAM). Este decreto deroga el anterior Decreto Reglamentario Regional n.º 24/2024/M, de 19 de octubre, y entra en vigor al día siguiente de su publicación.
La DRAM se define como un servicio ejecutivo y de control, auditoría y fiscalización de la administración directa de la Región Autónoma de Madeira, integrado en la Secretaría Regional de Turismo, Medio Ambiente y Cultura.
La misión de la DRAM es ejecutar la política regional en los ámbitos de la administración, gestión y regulación de la calidad ambiental y economía circular, de los recursos hídricos, del litoral, de la sostenibilidad y acción climática, y del mar y economía azul. El decreto enumera un amplio abanico de atribuciones, que incluyen:
La DRAM acumula varias funciones de autoridad, a saber:
La dirección del servicio corresponde al director regional de Medio Ambiente y Mar, un cargo de dirección superior de 1.er grado. La estructura jerarquizada incluye además seis cargos de dirección intermedia de 1.er grado.
Hasta la aprobación de los decretos que definen la organización interna detallada, permanecen en vigor los siguientes decretos transitorios:
La Dirección Regional de Carreteras contará con responsables para las divisiones de Coordinación Técnica y Especialidades, Conservación y Mantenimiento, y Procesamiento y Gestión de Remuneraciones. Los tres nombramientos son por comisión de servicio de un año y surten efecto el 12 de octubre de 2026.
Laura Sofia Jesus Freitas ha sido nombrada directora de la División de Gestión Patrimonial, Seguimiento e Informes de la Secretaría Regional de Inclusión, Trabajo y Juventud. Su nombramiento por tres años entra en vigor el 15 de octubre de 2026.
Los gastos de 60.000 euros para los servicios de representación jurídica de la Región y el seguimiento de un proceso judicial se han vuelto a escalonar. La orden prevé 52.250 euros en 2027, además de importes asignados a 2016 y 2023.